La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, el teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos y el sargento (r) Danilo José Cervera Herrera, tres militares retirados que se habrían jubilado con documentación falsa.
Según la Fiscalía, los militares retirados al parecer pagaron varios millones de pesos a una red que elaboraba historias clínicas y exámenes médicos que certificaban enfermedades para tramitar solicitudes de pensión.
“La Fiscalía General de la Nación continúa las acciones judiciales para identificar y judicializar a las personas que estarían involucradas en el presunto reconocimiento irregular de indemnizaciones y pensiones de jubilación a militares que no cumplían los requisitos de ley”, informó la entidad.
Las pruebas de la Fiscalía señalan que el sargento (r) Cervera, con 32 años cumplidos, recibió una pensión de jubilación vitalicia de $1’350.000, tras pagar supuestamente $18’000.000 a la red.
El sargento habría recibido a cambio exámenes de “ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría, que acreditaban una disminución de 72% en su condición física”, con los que además habría logrado “una indemnización de $99’000.000 y una renta de $85’000.000 a mayo de 2020”.
En el caso del mayor (r) Silva se determinó que habría recibido $186’000.000 por prestaciones sociales y $196’000.000 por concepto de jubilación tras lograr a través de esa red de certificaciones falsas, una certificación medica la cual determino que “no era apto para el servicio por tener una disminución de su capacidad laboral de 70,53%”
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Mientras que en el caso del teniente (r) Pérez, la Fiscalía dice que “hay indicios de que le fue acreditada una disminución física de 66,05%. Este concepto fue soportado con exámenes falsos de ortopedia, audiometría, tonal seriada y urología”.
Según las pruebas, Pérez “logró una mesada vitalicia a los 32 años, con una indemnización de $61’000.000 y una pensión, a mayo del 2020, por $151’000.000”.
Los miembros de dicha red ya fueron judicializados. Se trata de un capitán en retiro, una exfuncionaria del Ministerio de Defensa, tramitadores, financiadores y un médico.
“Con la emisión de soportes médicos falsos, estas personas habrían inducido a error a distintas instancias públicas y generaron al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.